Racismo inmobiliario

La Discriminación a la hora de arrendar una vivienda

 

Tras el salto de la noticia con un elevado volumen de casos, Manuel Martín García Defensor del Pueblo en la Provincia de Granada nos da la voz de alarma superando en lo que llevamos de año las veintiuna incidencias registradas en 2017, y añade:

“El racismo inmobiliario consiste en la discriminación de la empresa o el particular arrendador de la vivienda hacia un inquilino extranjero o de diferente etnia o color de piel”

Un fenómeno que se acentúa en la temporada de otoño por la demanda de vivienda el casero o responsable de alquiler habla con la persona extranjera negociando un precio y en cuanto se conocen o piden el nombre para realizar trámites se pone cualquier tipo de excusa para prohibir la entrada a la vivienda.

Coincidiendo con el “boom de las viviendas turísticas” podemos decir que en algunos casos se está elevando la compra de viviendas en zonas desfavorecidas para que posteriormente sean alquiladas a unos precios desorbitados, nos encontramos entonces con un aprovechamiento del propietario hacia la persona que necesita una vivienda por (motivos laborales, acogimiento temporal, etc.); de echo estos mismos propietarios realzan el precio a razón de las ayudas económicas de alquileres de viviendas y a veces puede ascender hasta los 700 Euros/mes por alquiler.

El colectivo de Entidades y ONGS que trabajan hacia la exclusión social destacan que se encuentran a diario con actitudes racistas y xenófobas por parte de propietarios e inmobiliarias y en algunos anuncios publicitarios, se remarca “No Extranjeros o Etnia Gitana”.

Bajo nuestra experiencia propia el paso de mayoría de edad de los chicos/as extranjeros/as que trabajan activamente con nuestros programas de inclusión, opinan: “En algunas ocasiones cuando consiguen un contrato formal de trabajo y su permiso de residencia está reglado, tenemos que intermediar hacia el propietario para que puedan realizar el trámite y no exponerse ante este tipo de situaciones racistas” y creemos que se deberían de frenar estas actuaciones por parte del Estado que aunque “entran dentro de la legalidad”  atentan hacia la integridad del individuo.

 

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